El Juzgado Comercial N°29 declaró el 30 de octubre la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), responsable de la producción de postres, yogures y flanes con la marca SanCor. La medida marca el cierre definitivo de una compañía que arrastraba años de incumplimientos y deja a más de 550 trabajadores sin empleo.
La resolución fue firmada por el juez Federico Güerri, responsable subrogante, y dispone la liquidación inmediata de la firma, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. La sindicatura “Guillemi & Rosental” fue ratificada para conducir el proceso, que incluye el bloqueo de cuentas bancarias, la inhibición general de bienes y el cierre de las plantas industriales de Arenaza (Buenos Aires) y Córdoba, donde ya se retiraron las llaves de los predios.
El colapso de ARSA no fue repentino. Desde su constitución, la empresa atravesó graves irregularidades financieras y de gestión, con la participación de fondos ligados a Vicentin Family Group, registrada en Uruguay, y luego de los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, también a cargo de La Suipachense a través de Maralac SA. Su desaparición en los últimos meses aceleró un proceso que afecta a unos 550 empleados en total, entre las dos plantas que tiene la empresa.
Durante los últimos años, los trabajadores sufrieron salarios parciales y pagos en negro, con tres años y medio sin aportes a la obra social, mientras la producción se reducía drásticamente. Muchos de ellos se consideraron despedidos ante la falta de respuestas, mientras otros siguieron reclamando, recurriendo a ayuda alimentaria de Atilra y realizando changas para subsistir.
Para algunos empleados y observadores del sector, se trata de una “quiebra fraudulenta”. Alegan que el concurso de acreedores nunca se presentó de manera formal, y que los últimos intentos de “reordenamiento” fueron en realidad una maniobra para dilatar el cierre. De hecho, el proceso de salvataje previsto por la ley fracasó por completo: no hubo interesados en adquirir la compañía, y los titulares de Maralac S.A., controlante de ARSA, no respondieron a ninguna propuesta.
La sentencia judicial inhabilitó definitivamente a la empresa. El fallo también ordena la transferencia de fondos embargados por $83 millones para incorporarlos al proceso de quiebra y fija el 9 de febrero de 2026 como plazo límite para la presentación de créditos.
En el sector lácteo, temen ahora que La Suipachense, manejada por el mismo grupo, corra el mismo destino, en medio de un silencio político y empresarial que acompañó durante años el deterioro de una de las principales productoras de alimentos frescos del país. «Son unos atorrantes que la vaciaron y la fundieron», aseguran fuentes involucradas.