Si no fuera tan serio, daría risa.
La Junta Electoral del Centro de Empleados de Comercio de Campana envió un telegrama del Correo Argentino donde comunica que “controlará” la identidad de cada afiliado que se presente a votar. El documento, firmado por Andrés Barrios Díaz, presidente de la Junta Electoral, y fechado el 28 de octubre de 2025, parece más una declaración jurada de la comisión de un delito que una convocatoria electoral.
El texto, dirigido a los afiliados, no tiene nada de institucional ni de democrático. Por el contrario, suena a advertencia: la Junta “dispone controles” sobre los trabajadores que concurran a votar, algo que ninguna autoridad electoral puede hacer.
La Ley 23.551 y su Decreto Reglamentario 467/88 son claros: las Juntas Electorales no pueden asumir funciones de fiscalización ni vigilancia sobre los votantes, porque su deber es garantizar la transparencia, la libertad y la igualdad de condiciones para todas las listas.
Por eso, este telegrama no solo es vergonzoso, sino que constituye la declaración escrita de una práctica ilegal.
Nunca fue una elección tranquila. Todo lo contrario: la Junta Electoral se vio cuestionada desde el inicio, con denuncias por irregularidades, negativa a entregar planillas y actuaciones parciales. Incluso circularon videos virales mostrando comportamientos indebidos de sus integrantes.
Lejos de generar miedo, este nuevo episodio encendió aún más la participación popular: los trabajadores y trabajadoras de Campana planean ir masivamente a las urnas, muchos prometiendo registrar con cámaras y audios cualquier intento de impedirles votar, decididos a hacer de la transparencia un hecho público y visible.
En los barrios, en los comercios y en las redes sociales, el tema es conversación obligada. Lo que comenzó como un intento de control se transformó en un fenómeno viral: la comunidad mercantil de Campana se organiza, se informa y se prepara para una elección récord, cargada de entusiasmo y orgullo sindical.
Porque más allá de los telegramas y las maniobras, el pueblo mercantil sabe que el voto libre no se vigila, se defiende, y porque ningún trabajador ni trabajadora de Campana —uno de los pueblos más sindicalizados y conscientes del país— va a permitir que se lo trate como si no entendiera sus derechos.
Ningún votante va a aceptar que se le controle el ingreso a un sindicato que es, y debe seguir siendo, libre y autónomo de sus afiliados.
